Condiciones del servicio
Última actualización: julio de 2026
Estas condiciones regulan el uso de AIM OPES por parte de empresas. Al crear una cuenta, la persona que la crea declara actuar en nombre de la empresa y aceptar estas condiciones.
El servicio
OPES vigila la publicación de ayudas públicas en fuentes oficiales, evalúa su encaje con el perfil de tu empresa, prepara borradores de documentación y hace seguimiento de plazos. El trabajo de análisis lo realizan sistemas automáticos supervisados: cada decisión la apruebas tú desde el panel. La presentación de solicitudes ante la Administración la realiza la empresa según las bases de cada convocatoria.
Plan beta gratuito
Durante la beta, el servicio es gratuito y no requiere tarjeta. El plan incluye límites de uso razonables (evaluaciones bajo demanda y documentos generados por mes) pensados para el uso real de una pyme; los agentes de vigilancia diaria no tienen coste para ti. Podremos introducir planes de pago en el futuro: si eso afecta a tu cuenta, te avisaremos con antelación y podrás decidir sin permanencias.
Tu cuenta y uso aceptable
La cuenta es para una empresa real y sus datos deben ser veraces: el servicio evalúa convocatorias con ese perfil y un perfil falso solo produce resultados falsos. No está permitido revender el acceso, extraer datos de forma masiva ni interferir con el funcionamiento del servicio.
Disponibilidad y cambios
Trabajamos para que el servicio esté disponible de forma continua, pero en fase beta no se garantiza un nivel de servicio determinado y las funciones pueden evolucionar. Las cuentas sin actividad prolongada pueden pasar a pausa automática; se reactivan al instante con un inicio de sesión.
Datos y contenidos
Los datos de tu empresa son tuyos; los tratamos según la política de privacidad. Los borradores generados para tu empresa son tuyos. La información de convocatorias procede de fuentes públicas oficiales y cada ficha enlaza a su fuente para que puedas verificarla.
Ley aplicable
Estas condiciones se rigen por la ley española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales que correspondan conforme a la normativa aplicable.